Al final del artículo anterior comenté como el Fondo de 8.000 millones de euros para los ayuntamientos podía acabar siendo una forma de gastar por gastar. Hoy pretendo desarrollar un poco más este aspecto.
Cuando se aprobó el Fondo de 8.000 millones se dió un plazo de 1 mes a los Ayuntamientos para que presentaran proyectos, además se requería que los proyectos no estuvieran ya presupuestados por el Ayuntamiento, es decir, que fueran proyectos nuevos.
En ese momento, muchos pensamos que lo que realmente hubiera podido ser una buena medida se iba a convertir en un mero parche. El plazo de un mes es excesivamente breve para que se pueda presentar un proyecto serio con los estudios necesarios de viabilidad y oportunidad. Habrán excepciones, pero seguramente dichas excepciones se correspondan con proyectos que ya se habían estudiado y planeado pero que todavía no se habían presupuestado.
En la última semana, con la aparición en los periódicos de algunos de los proyectos presentados por los ayuntamientos vemos que las medidas estrella son asfaltados, aceras, alumbrados y alcantarillado. Estas medidas conviven con otras más llamativas que en muchos casos nos plantean la duda de si son necesarias o eficientes o excesivamente caras como los 52.300 euros para la construcción de un reloj solar en Grañen (Huesca), 117.000 euros para tratamientos antigraffitis (me imagino que pintar) en las calles de Santa Lucía de Tijarana (Islas Canarias), los 152.000 euros para la escalera mecánica en Elgoibar donde la metereología hace pensar que va a estar más tiempo estropeada que funcionando, los 400.000 euros en una piscina pública al aire libre en Asturias, los 2,05 millones de euros por una pista-escuela de ciclismo en Crevillente (Alicante), los 180.000 euros de una pista de skate en Fabero (León). ¿Son precios elevados? ¿Realmente las obras son necesarias? No se sabe, el problema es que la urgencia hace que cualquier control del gasto deba hacerse a posteriori lo que ayuda todavía más al desorden en las inversiones.
Aunque no dudo que, en algunos casos sean necesarios, estoy seguro que en la mayoría los Ayuntamientos hubieran podido presentar mejores proyectos con un poco más de tiempo.
El fin que persigue el gobierno en este momento con el fondo de 8.000 millones de euros es, sobre todo, frenar el desempleo. La teoría es que, al fomentar las obras locales, se generará empleo en las ciudades y, por tanto, las listas del paro no crecerán tan rápidamente. Pero creo que, como ciudadanos, deberíamos exigir que, además de crear empleo con dinero público, dicho dinero sea utilizado para mejorar nuestras ciudades y el servicio a los ciudadanos de algún modo, y que el empleo que se cree sea estable.
Hemos visto en qué se van a gastar los 8.000 millones de euros los Ayuntamientos, pero para analizar el coste real, debemos observar qué se podría haber hecho con ese dinero y no se va a hacer. En el siguiente cuadro vemos la comparativa entre los años 2008 y 2009 en materia de inversiones reales, según el informe económico financiero del Ministerio de Economía y Hacienda:
Destaca que la inversión real del Estado es sólo de 13.683 millones de euros, lo que nos da una muestra del volumen de dinero que se ha dado a los Ayuntamientos (cerca del 60% de la que maneja el Estado).
Vemos que el único incremento importante de inversión es en el Ministerio de Ciencia e Innovación (un 26,8%). Ya comenté en el artículo anterior que éste es uno de los ejes esenciales sobre los que debería girar la política económica, por lo que parecería un paso adelante. Sin embargo, si lo pasamos a valores absolutos vemos que el incremento del presupuesto es como mínimo insuficiente. Sólo se ha incrementado su presupuesto en 87,22 millones de euros. Creo que las necesidades de nuestro país en estos momentos van mucho más allá.
Vemos que aunque aumenta la inversión del Ministerio de Justicia un 1,1% se traduce únicamente en 1,21 millón de euros más. No hace falta decir que parece a todas luces insuficiente para llevar a cabo la tan necesitada reforma de la Justicia. Reforma que no se traduce únicamente en equipos informáticos y la introducción de nuevas tecnologías sino que ha de pasar por la construcción de nuevos juzgados y nuevas dotaciones de personal. De hecho, parece que el Ministerio de Justicia tiene comprometida la creación de 15 nuevos juzgados cuya última obra se licitará en 2011. Si bien, las competencias sobre estos edificios e inversiones están transferidas a las Comunidades Autónomas sería necesario un mayor apoyo del Estado en estas materias, ya que la justicia debe ser igual en todo el Estado.
En general, podemos ver una reducción de la inversión generalizada en todos los Ministerios. Esto ha hecho que numerosas obras que ya estaban planificadas, pero no presupuestadas en dichos Ministerios, han sido suspendidas.
Por tanto, vemos que se han suspendido unas obras planificadas y necesarias, que iban a dar igual o más empleo (construcción de juzgados, administraciones de la AEAT, rehabilitación de edificios) en toda España y que se iban a traducir en un mejor servicio al ciudadano. Por el contrario, en la mayoría de los casos se están realizando obras que sólo piensan en el corto plazo. Sería deseable, cuando se gasta dinero público que las cosas se pensaran un poco más.
Actualizado 20/01/2009: incluyo en el artículo la intención del Ministerio de Justicia de construir 15 nuevos juzgados como ejemplo de obras planeadas que no se han empezado a ejecutar.
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