¿Evitar duplicidades? ¡Suprimamos Ayuntamientos!

Aunque es un tema que ya se ha comentado más de una vez por las redes, me gustaría que este artículo fuera una constatación con datos de lo que todos intuimos: ¡Sobran Ayuntamientos!

Veamos primero lo que a simple vista podría ser un simple casco urbano:

En la foto anterior, en realidad podemos observar 6 ciudades independientes (sin contar a Paiporta que está un poco más separada del resto arriba a la izquierda), seis ciudades completamente pegadas en donde la separación entre unas y otras es, en muchas ocasiones, una simple calle.

Pero vamos a centrarnos en sus órganos de gobierno. En el siguiente cuadro vamos a ver cuál es el presupuesto de cada uno de los Ayuntamientos que forman el casco urbano de la foto para la partida de sueldos y salarios. De todos ellos, sólo el Ayuntamiento de Catarroja, en su página web, nos desgrana dicha partida de sueldos y salarios indicándonos que parte corresponde a la retribución de los órganos de Gobierno del municipio, por lo que he tenido que extrapolar dicha proporción al resto de municipios.

	Coste de los órganos de gobierno	Partida de gastos en sueldos y salarios del Ayuntamiento	Población	Nº de Concejales
Catarroja	339.621,51 €	8.373.215,97 €	27.330	21
Albal	219.172,89 €	5.403.609,35 €	15.594	17
Alfafar	242.277,45 €	5.973.241,87 €	20.728	21
Massanassa	123.223,43 €	3.038.018,50 €	9.022	13
Sedavi	133.502,73 €	3.291.450,00 €	10.092	13
Benetusser	149.882,45 €	3.695.284,57 €	15.290	17
Total	1.207.680,47 €	29.774.820,26 €	98.056	102

En total, para una población de 98.056 personas los gastos, únicamente de los órganos de gobierno, son de alrededor de 1.200.000 euros. Pero, ¿eso es mucho o es poco? Para ello, vamos a compararlo con otro Ayuntamiento del que sí hay información sobre el coste de los órganos de gobierno: el Ayuntamiento de Valencia. 

	Coste de los órganos de gobierno	Partida de gastos en sueldos y salarios del Ayuntamiento	Población	Nº de Concejales
Valencia	2.546.284,00 €	244.000.000,00 €	798.033	33

Vemos que con una población 8 veces superior, el coste de sus órganos de gobierno sólo es el doble que el de la suma de los municipios anteriores, por lo que es fácil llegar a la conclusión que cuanto más grande es un municipio mayor eficiencia tiene su dirección (en el sentido de obtener el mismo resultado a un coste menor).

De hecho, si dividimos el coste de los órganos de gobierno entre el número de ciudadanos, vemos que mientras que en la suma de los municipios inicialmente analizados el coste por ciudadano es de 12 euros, en el caso de la ciudad de Valencia el coste por ciudadano es de sólo 3 euros. Es también destacable que teniendo 8 veces más población tenga sólo un tercio de los concejales que son elegidos en la suma de los municipios anteriores.

El siguiente paso es imaginarnos que fusionamos todos los municipios anteriores en uno sólo de mayor tamaño y le aplicamos el coste que tiene un ciudadano de Valencia, obtendríamos que el coste del órgano de gobierno de este nuevo municipio sería de:

3 x 98.056 = 312.867,29 euros

Es decir, obtendríamos un ahorro de unos 900.000 euros que no costaría ni un sólo puesto de trabajo y que sólo afectaría a los políticos, en cuanto que únicamente estamos tocando la partida de sueldos y salarios vinculada a los órganos directivos del ente municipal.

Aparte de este análisis se podría analizar también la eficiencia en lo referente a hacer desaparecer las duplicidades de servicios (como por ejemplo el que existan seis secciones de recursos humanos) que llevaría o bien a reducir la plantilla o bien a destinar dichas personas a otros menesteres más productivos con lo que podría mejorar por ejemplo los servicios de atención al público.

En todo caso, nos encontramos ante una configuración de nuestras entidades locales procedente de la tradición histórica y que hoy en día, en muchos casos, no tiene mucho sentido. El ejemplo anterior ni es el único ni es un caso excepcional, de hecho es bastante frecuente la existencia de municipios cuyos cascos urbanos son completamente limítrofes (de hecho justo al lado están Paiporta y Picanya, unos pocos kilometros más al oeste Alaquas y Aldaia...). Si de verdad estuviéramos buscando formas de reducir el gasto público evitando duplicidades, uno de los puntos principales debería ser observar si nuestra organización es la más eficiente, hecho que, como acabo de demostrar, no lo es y que nos debería llevar a replantearnos seriamente adoptar una decisión sobre este punto.

La bolsa o la carcel

El delito fiscal en España no es un delito especialmente castigado, la pena que señala el Art. 305 del Código Penal es de uno a cinco años de prisión y multa de tanto al sextuplo de la cuantía defraudada. A ello se une la gran complejidad de este tipo de procedimientos y la aplicación de normas muy técnicas con las que no suelen estar muy familiarizados los jueces.

Consecuencia de todo ello es que, no hay que engañarse, pocos delincuentes llegan a pisar la cárcel por estos delitos, lo que no quiere decir que no haya ninguno, ni que los que no pisen la cárcel no sean condenados, según el profesor González Perea de 1.408 sentencias, en 1.054 la sentencia fue condenatoria. Y es cuando hay condena cuando surge uno de los principales problemas ¿Se va a recuperar lo cobrado?

Ante esta situación, el fiscal que teme que el juez no aprecie los hechos del mismo modo que él, que no sabe si se cobrará la multa impuesta, que teme un dilatamiento que propicie un error que pueda ser utilizado para obtener la absolución en la sentencia, como decíamos, el fiscal ante todos estos condicionantes ve en el acuerdo con el imputado una vía de escape que le permite conseguir, por un lado, una declaración de culpabilidad, con una pena de prisión de uno o dos años que no lleva aparejada necesariamente ingreso efectivo en la cárcel, y, por otro, un reintegro a la Hacienda Pública del importe defraudado con una posible multa adicional. Es decir, acaba aplicando el viejo refrán de “más vale pájaro en mano que ciento volando”.

¿Es esto lo deseable? Es cuestión de opinión, habrá quien piense que lo deseable sería que el delincuente pise físicamente la cárcel, pero dado lo reducido de las penas (un máximo de cinco años) puede resultar rentable al delincuente pasar cinco años en prisión sabiendo que cuando salga va a poder disfrutar de todo su dinero. Todos recordamos el caso de Roldán, donde gran parte de lo robado nunca apareció.

Considero que, realmente, es mucho más disuasorio y hace mucho más daño al infractor garantizar que se ingresa en el Tesoro la deuda con la multa correspondiente (multa que como mínimo es del 100% de lo robado) y, por ello, no soy del todo contrario a esta política, aunque siempre queda el resquemor de que estamos eligiendo la opción menos mala y no la mejor opción.

Seguramente, como he comentado al principio, el problema se encuentre en la duración de la pena y su falta de cumplimiento íntegro. En el año 2009, se inició una reforma del Código Penal que preveía un aumento de la pena máxima hasta los 6 años, pero la finalidad real de dicha ampliación no era conseguir un mayor efecto disuasorio sino que buscaba una ampliación de los plazos de prescripción, al ser la pena superior a 5 años, el plazo de prescripción pasaba de 5 a 10 años. Esta ampliación de los plazos de prescripción es una de las reivindicaciones históricas de la Agencia Tributaria, que ante la complejidad de los hechos, descubre que cuando tiene los indicios suficientes para iniciar el procedimiento penal han pasado ya los cinco años.

En todo caso, el Partido Popular y Convergència i Unió se encargaron de tirar atrás esta modificación, dejando la pena máxima en los cinco años actuales (anteriormente eran cuatro)

Ante esta situación, la Asociación de Inspectores de Hacienda lleva realizando una serie de reivindicaciones en materia de delito fiscal, que hasta ahora han tenido poco éxito.

Y, con ello, volvemos a la pregunta inicial, con todo lo expuesto ¿Qué debería hacer el fiscal? ¿La bolsa o la cárcel? ¿Asegurarse la condena y el ingreso de la deuda o seguir hasta el final buscando el cumplimiento íntegro de la pena en la cárcel?

¿Cuál debería ser el objetivo prioritario del Fiscal?
	Conseguir recuperar el dinero defraudado.
	Conseguir una condena de cárcel.

Preguntas sin respuesta de la crisis actual

Lanzo en este artículo una serie de preguntas a las que a día de hoy no acabo de encontrar una respuesta satisfactoria, si alguien me abre la mente lo agradeceré. Se aceptan nuevas preguntas en los comentarios que incorporaré al artículo conforme vea que son interesantes.

1. ¿Por qué en vez de que el BCE preste dinero a los bancos al 1% para que estos se lo presten al Estado al 5,5% no coge ese dinero y se lo da directamente a los Estados al mismo tipo de interés?

2. ¿Por qué en una situación de depresión generalizada y sin riesgos de inflación el BCE no baja los tipos de interés, única forma de inyectar dinero en las economías domésticas (bajando lo que se paga de hipoteca) que no cuesta dinero al Estado y activa el consumo?

3. ¿Por qué, a estas alturas, todavía se permite que los bancos tengan sucursales en paraísos fiscales?

4. ¿Por qué los bancos condonan deudas a los partidos políticos?

5. ¿Por qué se abandona el apoyo a una industria como la de las energías renovables en la que eramos líderes en tecnología y que nos permitía crear puestos de trabajo cualificados?

6. ¿Por qué abandonamos una energía que nos permitía cada día ser un poquito más independientes del petróleo y por tanto protegernos de la especulación en mercados extranjeros y posibles crisis petrolíferas por cualquier guerra en uno de los países productores?

7. ¿Por qué la persona que propició la actual situación de Grecia, al asesorar sobre como ocultar y falsear el déficit del país, es el actual Presidente del Banco Central Europeo?

8. ¿Alguien, en serio, me puede decir para que sirve el Senado? Casos prácticos.

9. ¿Alguien, con datos, me puede explicar por qué abaratar el despido va a mejorar las tasas deparo?

10. ¿Cómo un Ministro puede decir que el mayor recorte a los derechos del trabajador no va a servir para el fin que lo justifica (crear empleo) y quedarse tan ancho?

11. ¿Se puede permitir un país que las empresas cierren porque el que no paga es la Administración Pública?

12. ¿Por qué indulta el Gobierno al número dos del Banco Santander en lo que podríamos denominar un ambiente "sensible" con el sector financiero?

13. ¿Por qué en la Era de la Información se sigue subvencionando con tal fuerza a partidos políticos y sindicatos favoreciendo únicamente estructuras de propaganda?

14. ¿Por qué en un Estado aconfesional, y con una pluralidad de religiones reconocidas, los profesores de religión católica los pagamos entre todos?

15. ¿Por qué los que han llevado empresas a la quiebra reciben bonos multimillonarios por su "buena gestión"?

16. ¿Por qué la Generalitat Valenciana suprime el Impuesto de Patrimonio (dejando de recaudar 109 millones de euros) para unos días (literalmente) después recortar 271 millones en sanidad y educación?

17. ¿Por qué el BCE presta a los bancos a un interés del 1% y cuando España pide un rescate el préstamo que recibe lleva un interés del 3%? En resumen ¿Por qué los bancos tienen mejor trato que los Estados?

P.D: De lo que ocurre en la Generalitat Valenciana sólo he puesto una pregunta simplemente para que no pareciera este artículo excesivamente regional.

Ataque al consumo: jugando con el sueldo de los funcionarios

Desde antes de las elecciones, ya en campaña electoral, una de las posibles medidas que ha sido objeto de mucha controversia ha sido la hipotética bajada de sueldo a los funcionarios.

Cuando se criticaba la improvisación por parte del Gobierno de Zapatero a la hora de adoptar medidas económicas, una de las más importantes críticas es que dicha improvisación provocaban un panorama incierto que impedía tomar decisiones inversoras.

Si la existencia de un panorama incierto puede afectar a la decisión de invertir igualmente dicho futuro incierto afecta a la decisión de consumir y esto es lo que está sucediendo con el conjunto de trabajadores de la Administración Pública, sea funcionario o laboral y la no definición de su postura por parte del PP.

Los funcionarios tienen miedo, tienen miedo por lo que pueda venir y no conocen y ante el miedo no consumen.

En un momento económico donde lo último que debería de hacer el Gobierno es retraer el consumo, desde hace meses la multitud de rumores sobre la posible bajada de sueldo de funcionarios, con desmentidos y desmentidos de los desmentidos, cambios de posturas y continuas referencias en los medios de comunicación crean una atmósfera en la que el funcionario tiene miedo a consumir porque no sabe que pasará en el futuro con su salario.

Hoy mismo hemos tenido un ejemplo, primero una noticia en El Levante, periódico valenciano, de una bajada de sueldo del 10% a los funcionarios y después un desmentido en El Economista.

La noticia tiene todo el olor de globo sonda, preparando para una futura bajada de menor calado pretendiendo que además de que le bajan el sueldo el funcionario se sienta aliviado porque “No ha sido para tanto...”.

El PP no desmiente la noticia, o mejor, como ocurrió con Gonzalez Pons, la desmiente pero posteriormente afirma que sólo se garantizan la no bajada de las pensiones. Todo ello lleva a que el funcionario congele su consumo incluso por encima de la hipotética bajada de sueldo. Es decir, a lo mejor al final le bajan un 2% el sueldo pero el ha reducido su consumo en un 15% por lo que pueda pasar. El daño para la economía de todo este juego es demoledor.

Sólo comentar, como ya mencioné en un artículo anterior, que lo que es una vergüenza es que se plantee continuamente reducir el sueldo a los funcionarios, meros trabajadores, en su mayoría con sueldos inferiores a 1.300 euros netos al mes mientras que se descarta rápidamente el mantener el Impuesto sobre el Patrimonio o subir los tramos del IRPF

Hay alternativas: análisis de un libro imprescindible

Me gustaría dedicar el artículo de hoy a hablar de un libro que me ha parecido extraordinariamente bueno. Un libro que utiliza una lenguaje relativamente sencillo y que creo que puede ser entendido por gran parte del público sin por ello dejar de aportar datos y estudios que fundamentan sus enunciados. El libro es “Hay alternativas”. En el siguiente enlace de la página web de uno de los autores se puede encontrar una explicación de la polémica que ha seguido al libro y la posibilidad de descargarse gratuitamente el mismo en formato PDF al final del enlace.

Hay alternativas. Nuevo libro de Vicenç Navarro, Juan Torres y Alberto Garzón con prólogo de Noam Chomsky

También se puede comprar por sólo 10 euros:

Compra el libro

 El libro realiza un análisis de la situación económica actual ahondando en las causas de la crisis y en propuestas para salir de la misma, pero lo importante es que las propuestas que realiza no son las que oímos a diario. En el libro se intenta rebatir con datos las teorías neoliberales que basan su planteamiento económico en una mayor flexibilidad del mercado de trabajo, una reducción del gasto público y una moderación salarial. El análisis del libro es contrario a estas posturas, a modo de resumen me gustaría destacar las siguientes conclusiones, para un análisis más extenso lógicamente habrá que acudir al libro:

- La flexibilidad del mercado de trabajo con abaratamiento del despido y mayor precariedad laboral no es el elemento determinante para reducir el desempleo: se prueba que países con mucha mayor flexibilidad laboral como EEUU o Irlanda no han tenido un comportamiento en el desempleo muy diferente a España, mientras que mercados laborales muy rígidos, en cuanto a que están muy controlados como el alemán, han reducido el desempleo incluso en situaciones de crisis. Por tanto el incremento de la precariedad laboral no va a tener como resultado una mejora del empleo en España y sin embargo si que tiene otros efectos perniciosos derivados por ejemplo de la reducción de salarios.

- La reducción del gasto público si bien puede suponer un impulso a corto plazo para reducir el déficit a medio y largo plazo produce un gran daño a la economía. Se dan datos de como España tiene uno de los sectores públicos más reducidos de los países europeos desarrollados así como que los países a los que menos ha afectado la crisis (los países nórdicos por ejemplo) tienen sectores públicos muchísimo más grandes que el de nuestro país.

- Se señala la reducción del Estado de Bienestar como una de las causas más importante a medio/largo plazo del desempleo y la situación económica de nuestro país: un dato que se indica es que mientras en España uno de cada diez trabajadores trabaja en el sector podemos denominar del bienestar (sanidad, educación...) en Suécia trabaja uno de cada cuatro.

- Se requieren más ingresos públicos: un dato arrollador es que mientras los rendimientos del trabajo, es decir los impuestos que paga un trabajador en España, son equivalentes en porcentaje a los que paga cualquier otro trabajador de la Unión Europea, en las rentas del capital, es decir, las que no provienen del trabajo, que se pagan en otros países existen grandes diferencias. El ejemplo del libro es demoledor comparando España-Suecia: mientras un trabajador de SEAT paga el 75% de lo que paga un trabajador de VOLVO en impuestos, las grandes fortunas en España pagan un 20% de lo que pagan las grandes fortunas en Suecia. El mayor volumen de ingresos por impuestos derivados de una mayor actividad económica que se conseguiría con medidas contrarias a las que se están adoptando así como la diferencia de recaudación impositiva que se acaba de mencionar es donde consideran los autores del libro que deberíamos buscar el dinero para solucionar el problema del déficit y no en la reducción del gasto público. El tema del crecimiento de la desigualdad en la distribución de la riqueza, es decir porque los ricos son cada vez más ricos y los pobres cada vez más pobres, es objeto de un mayor análisis en la primera parte del libro al analizar las causas de la situación actual.

- Consideran los autores que la moderación salarial, tan propugnada por los grupos de poder, es contraproducente: si todo el mundo cobra menos, se consume menos y se entra en el denominado circulo viciosos de la economía. Por tanto, para mejorar la productividad, en vez de reducir el salario los autores proponen incrementar el producto producido para dicho salario, analizando las complicaciones de esta propuesta dando gran importancia a una mejora de la educación y la investigación y desarrollo. Un dato importante para refutar que una reducción de salarios incrementa la competitividad de cara al exterior es que en los últimos 10 años, el incremento nominal de salarios de España no ha influido en su cuota de mercado mundial manteniéndose estable, dando varios ejemplos de otros países donde una veces sube, otras baja y otras es estable, por lo que no parece existir una correlación entre un factor y otro.

- Se realiza un análisis muy interesante de como la banca ha migrado su negocio tradicional de conceder prestamos a la economía real (para producir y consumir) a destinar el dinero a realizar inversiones financieras con una rentabilidad muy superior pero muy poco efecto en las empresas y familias y favoreciendo con esta actividad la crisis económica. Para no premiar a los causantes de la crisis mediante la venta de las cajas de ahorro a precio de ganga se propone su nacionalización y cambio de negocio para que las cajas de ahorro, dirigidas por el Estado se dediquen exclusivamente a una labor de banca comercial, es decir, la actividad de prestar a familias y empresas antes mencionada.

Como he comentado es un libro que aporta mucha información y que a más de uno puede hacer cambiar su visión de la economía sin quitar que hay puntos más o menos discutibles. Totalmente recomendable en estos tiempos actuales.

¿Por qué hacer tributar a las grandes fortunas es la mejor opción en estos momentos?

Dejando aparte que se entiende por rico que podría ser objeto de un próximo artículo, cuando se adoptan medidas económicas siempre hay que considerar dos tipos de consecuencias: las consecuencias a corto plazo y las consecuencias a largo plazo. En este sentido, cuando el gobierno adopta medidas para reducir el déficit público está claro que la consecuencia a corto plazo perseguida es dicha reducción pero siempre hay que tener en cuenta que aparte de dichas consecuencias a corto plazo inevitablemente se van a producir otras consecuencias a largo plazo.

Por ello, a la hora de adoptar medidas económicas hay que procurar que si bien se consiga el objetivo que se desea a corto plazo las consecuencias a largo tampoco sean indeseadas. Partiendo de esta idea, para reducir el déficit público hay dos vías básicas:

• Reducir el gasto público.

• Incrementar los ingresos públicos.

En los últimos tiempos el recurso más utilizado es un recorte del gasto público, pero, como se ha comentado, hay que analizar las consecuencias de dicha reducción a largo plazo para ver si es la más adecuada. Desde esta perspectiva creo que hay dos tipos de recortes en el gasto público:

• Los que suponen una racionalización de los servicios públicos, es decir, supone un mejor aprovechamiento de los recursos que ya se poseen: esta es una consecuencia totalmente deseable en el sentido de que siempre se tiene que procurar prestar un servicio público de la forma más eficiente posible.

• Los que suponen una supresión o reducción en la prestación de dicho servicio o un deterioro en la calidad del mismo: dentro de estas medidas entrarían la supresión de plazas de funcionarios que suponen una reducción del servicio, reducciones de salarios (ya se comentó en un post anterior que el salario aunque raramente es un elemento motivador si es un elemento desmotivador muy fuerte), congelación de pensiones...

Respecto a estas últimas, quiero centrarme en las que suponen directamente una reducción del poder adquisitivo y sus consecuencias a largo plazo. Es evidente, que la reducción de salario de los funcionarios o la congelación de las pensiones al Estado le supone un ahorro importante de dinero y, por tanto, ayudan a reducir el déficit público, pero también es evidente que ello no sale gratis a la sociedad que a partir de dicho momento dispone de menos renta disponible para consumir y, por tanto, va a conllevar una reducción de la actividad económica. Lo que hay que analizar es que es más beneficioso si esta medida o, en su lugar buscar otras como pueda ser un incremento del ingreso público.

Toda persona, al obtener una renta puede realizar dos cosas: o consumir dicha renta o ahorrar dicha renta. La parte de dicha renta que destina a cada uno de esos fines podemos llamarlos propensión al consumo (c) y propensión al ahorro (s) de tal manera que, si consideramos esas propensiones en tantos por uno: c + s = 1.

Cuando reducimos el salario a una persona reduciremos su consumo y su ahorro si bien la propensión al consumo y al ahorro puede variar. Vamos a ver un ejemplo.

Pongamos que Juan gana 1000 euros. Juan tiene mensualmente los siguientes gastos:

Alquiler	450 euros
Comida	250 euros
Suministros (luz, agua, teléfono):	70 euros
Ocio	150 euros
Ahorro	80 euros

En esta situación inicial Juan se encuentra en esta situación:

Propensión al consumo	0,92
Propensión al ahorro	0,08

Pongamos ahora que a Juan le reducen su salario 130 euros. Sin mucho esfuerzo comprobamos que sólo reduciendo lo que ahorraba no es suficiente, necesita eliminar alguno de sus gastos para poder llegar a final de mes. En general, se intenta ahorrar algo de tal manera que una reestructuración racional del gasto podría ser:

Alquiler	450 euros
Comida	240 euros
Suministros (luz, agua, teléfono):	65 euros
Ocio	75 euros
Ahorro	40 euros

Es decir, la propensión al ahorro ha bajado a 0,046 y la de consumo ha subido a 0,0954. Eso no quiere decir que se consuma más sino que ya prácticamente todo lo que se gana se dedica a consumir, aun así, y esto es lo más grave, el consumo se reduce.

Podemos concluir, que en niveles de renta bajos y medio-bajos que son aquellos con propensión media al ahorro reducidas, toda reducción de la renta disponible va a suponer inmediatamente una reducción en el consumo. Las consecuencias en la reducción en el consumo, como se explica al final del artículo, será una reducción en la actividad económica que nos hundiría todavía más en el circulo vicioso de la producción: a menor consumo menor número de ventas lo que conlleva una menor producción que supone reducir plantillas y, por lo tanto, más paro y en consecuencia una nueva reducción del consumo, y así sucesivamente.

Pero vamos a analizar la alternativa, es decir, en como afecta una reducción de la renta disponible a gente con rentas altas.

Pongamos el ejemplo de una persona que gana 25.000 euros netos mensuales y que tiene la siguiente estructura de gastos:

Hipoteca de la casa	5.000 euros
Comida	700 euros
Suministros (luz, agua, teléfono):	300 euros
Ocio	5.000 euros
Ahorro	14.000 euros

Propensión al consumo	0,44
Propensión al ahorro	0,56

Como podemos ver en personas con nivel de renta alto, aunque los datos son inventados, la propensión al ahorro se dispara en comparación con las personas de nivel bajo. Al tener todas sus necesidades cubiertas con una parte muy reducida de su renta el resto rápidamente lo pueden destinar a ocio y ahorro mientras que en las personas de nivel bajo la mayor proporción de su renta va destinado precisamente a cubrir dichas necesidades básicas.

Pongamos que a esta persona de nivel muy alto le hacen pagar un 2% más de sus ingresos en concepto de Impuesto de Patrimonio o IRPF, es decir debería pagar 16.000 euros que se reducirían de sus ingresos, lo que supondría que percibiera al mes 1.333 euros menos, es decir, pasaría a tener una renta de 23.777 euros. Como podemos comprobar, podría reducir su ahorro sin tocar el consumo y aun así todavía conseguiría ahorrar 12.777 euros al mes, es cierto que la propensión al ahorro se reduciría pero es muy probable que este ciudadano prefiriera reducir su nivel de vida, es decir, su consumo mensual a costa de ahorrar un poco más.

Por contra, es cierto que el ahorro total se reduciría y que esto también tiene consecuencias en la economía pero hay que considerar que lo que necesita en estos momentos nuestra economía es la reactivación del consumo, el que haya movimiento económico para que las empresas empiecen a ganar dinero y decidan contratar a más personas para incrementar la producción y atender pedidos.

En nuestra economía, en estos momentos hay recursos ociosos, no tenemos un gran problema de falta de inversión industrial, más bien al contrario tenemos un sistema productivo capaz de producir más de lo que se puede consumir, por ello no hay que priorizar la inversión, el equivalente al ahorro, sino que lo que hay que priorizar es la reactivación del consumo.

Como espero haber podido explicar en este artículo, si lo que pretendemos hacer es reactivar el consumo, si queremos incrementar los ingresos públicos toda medida que se adopte se ha de realizar sobre aquellos ciudadanos, o sobre aquellas rentas, que tengan una propensión al ahorro superior a la media y no sobre aquellas que prácticamente vayan a dedicarse al consumo.

Nota adicional: Aunque se ha hecho referencia a la propensión al ahorro y al consumo, realmente cuando se han mencionado estaba haciendo referencia a la propensión media, es decir, teniendo en cuenta la totalidad de mi consumo/ahorro, sin embargo es muy importante para lo que se ha comentado cual es la propensión marginal.

La propensión marginal al consumo es cuanto aumenta mi consumo cuando se incrementa en un euro mi renta disponible. Es decir, a grandes rasgos, significa cuanto dinero dedicaré a consumir con el último dinero cobrado. En el ejemplo del artículo si partimos de la situación B en la que se perciben inicialmente 770 euros y posteriormente cobro 1000 euros, podríamos llamar propensión marginal a la parte de los 130 euros que destino al consumo, es decir, aunque la propensión media sea 0,92 la propensión marginal al consumo será: 40/130= 0,693

La propensión marginal es fundamental porque se utiliza para definir el efecto multiplicador del consumo. Pongamos un ejemplo en el que vamos a considerar que la propensión marginal al consumo de todos los agentes económicos es 0,7:

Pedro ha cobrado 1.000 euros y su propensión marginal al consumo es 0,7 (es decir consumirá el 70% de su último ingreso), por tanto de esos 1000 euros gastará 700 y ahorrará 300. Las personas que ganen esos 700 euros al venderle productos a Pedro también gastarán el 70 por ciento de dichos 700 euros, es decir, volverán a gastar 490 euros, y las personas que reciban esos 490 euros volverán a gastar el 70% y así sucesivamente.

Nos encontramos que, aunque el gasto inicial ha sido de 700 euros, ha supuesto una serie de gastos en cascada de tal manera que al final el gasto total realizado ha sido de 2.333 euros.

Este es el efecto multiplicador del consumo que hace que los incrementos en consumo sean fundamentales para la reactivación económica. Del mismo modo, una disminución del consumo podemos decir que tendría un efecto divisor del mismo en la misma proporción.

La formula de este efecto multiplicador, en su forma más simple sería: 1/(1-c) donde c sería la propensión marginal al consumo.

Esta formula se puede complicar más al tener en cuenta otros aspectos como por ejemplo los impuestos.

Cuando subir las pensiones no es tan caro como parece

Con la subida de pensiones que se realizó en el año 2010 se ha producido un efecto podríamos decir que curioso por no llamarlo de otra manera. Aunque las pensiones han subido, el gasto público no ha subido en igual medida. La lógica nos lleva a pensar que si el estado paga 100 millones de euros más de pensiones (cifra hipotética) debería tener un déficit 100 millones de euros mayor, pero sin embargo esto no es así, e incluso, teóricamente, podría llegar a ingresar más de lo que paga en pensiones. Vamos a analizar como se puede conseguir esto.

En principio parece que subir las pensiones es bueno: los pensionistas cobran más, gastan más y todo es positivo. ¿Todo? Todo no, existe un efecto colateral, un pequeño requisito de la Ley de IRPF, que hace que dicho aumento pueda resultar un duro golpe para las familias. En mi opinión, dicho efecto no deseado ha sido realmente no deseado, es decir, nadie se dio cuenta de que iba pasar cuando subieron las pensiones pero paso.

La cuestión es la siguiente, el importe anual de la pensión de viudedad para mayores de 65 años (situación en la que se encuentran más de 600.00 personas) en los años 2009 y 2010 son los siguientes:

Es decir, los pensionistas cobran 367,5 euros más en el 2010.

Por otro lado, en el IRPF, existe una disminución en la cuota a pagar por tener un ascendiente conviviendo contigo, es decir, en el caso de que el padre, mayor de 65 años, viva con el hijo (generalmente porque tiene algún tipo de minusvalía, hecho importante como ahora veremos) se permite reducir la Base Imponible del Impuesto y así pagar menos. ¿Pero cuanto menos hay que pagar por convivir con un ascendiente?

El importe dependerá de la edad y el grado de discapacidad del ascendiente. En el peor de los casos, desde un punta de vista monetario que no familiar, es decir, cuando el ascendiente tenga entre 65 y 75 años y se encuentre en plena forma el ahorro es sólo de 219,39 euros. En el caso de que tuviera una minusvalía del 33%, caso muy frecuente en personas mayores, el ahorro es de 772,92 euros, y si fuera mayor de 75 años y con una minusvalía de más del 65% el ahorro podría llegar a 1.375,21 euros.

Y es ahora cuando viene el pero, como condición para poder aplicarse este descuento se exige que el ascendiente no tenga una renta superior a 8.000 euros (excluidas las rentas exentas), en el momento el ascendiente gana más de 8.000 euros ya no se puede aplicar ninguna reducción el hijo con el que vive.

Con estos presupuestos es fácil sacar una conclusión. Con la subida de pensiones se ha conseguido que los más de 600.000 viudos y viudas que cobraban pensión de viudedad ya no puedan dar ningún tipo de bonificación a los hijos con los que puedan estar conviviendo.

De esta forma, nos encontramos que por un lado el Estado paga 367,5 euros más a estos pensionistas, pero al mismo tiempo cobra a los hijos que viven con ellos una cuantía que va entre 219,39 euros y 1.375,21 euros, es decir, en muchos casos, el Estado va a ingresar más de lo que paga por haber subido la pensión.

Es una pena no poder disponer de datos concretos de cuantos ascendientes en estos supuestos están conviviendo con sus hijos, pero es un caso bastante frecuente. Así que si conocen a alguno, adviértanle, porque es muy fácil que se equivoque al hacer su declaración del IRPF.