El coste de la burocracia

A la hora de crear una empresa rentable es evidente que el factor determinante de dicha rentabilidad es la explotación de las oportunidades existentes en el mercado, pero no hay que ignorar que también se encuentra influenciada por ciertos factores que, en principio, podríamos calificar como ajenos a su propia actividad económica y que le vienen impuestos por desarrollar dicha actividad dentro de un marco jurídico concreto, por ejemplo lo que sucede con la legislación (las leyes pueden ser determinantes en la configuración de un negocio económico, un ejemplo claro lo tenemos con la actual ley antitabaco y las nuevas oportunidades de negocio que ha creado así como los perjuicios que ha causado a otros ya existentes). Dentro de este marco jurídico, un componente que puede igualmente afectar a la rentabilidad de la empresa son las obligaciones administrativas que imponen los poderes públicos para poner en marcha sus diferentes políticas públicas (política de empleo, política de control...)

El marco regulador de éstas obligaciones administrativas juega un papel importante en la competitividad de las empresas. Durante estos últimos años se han efectuado análisis y esfuerzos para delimitar mejor el impacto de la regulación, en tanto que instrumento de los poderes públicos, en la rentabilidad de las empresas. Estos costes pueden ser bastante cuantiosos, así, por ejemplo, en un documento de trabajo del 2005 de la Agencia Holandesa encargada de realizar análisis de políticas económicas ha intentado estimar una parte de estos costes. Más concretamente ha cuantificado el coste que supone para las empresas simplemente el cumplir con los trámites administrativos obligatorios para poder ejercer su actividad.

Podemos observar que, en relación al PIB, estos costes administrativos pueden oscilar entre un mínimo del 1.5% del PIB para Finlandia o Suecia hasta un máximo del 6.8% del PIB para Grecia y Hungría. Según este ranking España está entre los países con un coste administrativo más alto con un 4.6% del PIB, empatada con Portugal, Italia, Austria y Eslovaquia.

Los estudios parecen demostrar que a mayor regulación y carga administrativa menor es la productividad, es por ello que una simplificación de los costes administrativos es un paso necesario para mejorar la productividad de un país.

Es interesante comparar dicha gráfica de coste de la burocracia con la eficiencia de las administraciones fiscales, ya que podríamos pensar que, aunque los costes burocráticos son muy elevados se compensa en cuanto que ayudan a que exista una mayor eficiencia administrativa. Los datos de está gráfica están referidos al año 2003, aunque la comparación no va a ser homogénea, creo que sí refleja una tendencia que es lo que me gustaría dejar de manifiesto. Afecta a esta falta de homogeneidad que los costes burocráticos de esta gráfica no sólo contienen los denominados costes fiscales indirectos, sino que también comprende otro tipo de gastos que una empresa necesita realizar pero que no vienen determinados por una norma fiscal como pueda ser los gastos de constitución (del notario, del registro...)...

En esta gráfica, se indica cual es el coste de recaudar 100 euros en términos de la organización necesaria para ello. Podemos observar como España no queda tan mal parada estando entre los países más eficientes. Si lo comparamos con la gráfica anterior podemos ver como los Países Bajos, Francia o Reino Unido que tienen unos costes burocráticos inferiores sin embargo tienen unos costes de recaudación superiores. Suecia sin lugar a dudas está en una situación óptima.

Estos costes organizativos son en gran parte de personal y así podemos comprobarlo si comparamos las diferentes dotaciones de funcionarios de las distintas administraciones. En la siguiente gráfica que también esta referenciada a datos del año 2003, podemos observar el número de ciudadanos de un país que hay por cada funcionario de la Agencia Tributaria correspondiente.

Vemos que España se encuentra como el país más eficiente de la comparativa, con un menor número de funcionarios en proporción a su población que el resto de países. La media de ciudadanos por funcionario es de 667, mientras que España tiene 1680, más del doble.

La combinación de la mayor eficiencia en España en términos recaudatorios con los mayores costes administrativos para las empresas (teniendo en cuenta que no todos los costes burocráticos de las empresas son achacables a la Administración tributaria) nos permiten concluir que una de las políticas de actuación de la AEAT podríamos decir que es la externalización de sus actuaciones de control.

Así sucede por ejemplo con las múltiples (en ocasiones excesivas y con alguna contradicción entre ellas) declaraciones informativas existentes que permiten a la AEAT recabar una gran cantidad de información a muy poco coste para la Administración. Coste reducido que se debe a que se traslada a los empresarios, ellos serán quienes obtengan, califiquen y ordenen dicha información, entregándosela después a la AEAT en el formato que esta le especifique. De esta forma, en vez de invertir en personal que se encargue de dichas actuaciones de captura de información la AEAT puede destinar sus recursos a destinos más eficientes como puede ser la mejora de los procesos de depuración de dicha información o el control sobre la misma.

En la Comunidad Valenciana, la Cámara de Comercio de Valencia ha publicado ciertos datos estimatorios de estos costes, ya no en términos relativos (en comparación al PIB como antes) sino en términos absolutos y clasificando las empresas por sectores:

Podemos comprobar que como media, un 50% de las empresas tienen un coste inferior a 6.000 euros, un 31% tienen un coste entre 6.000 y 30.000 euros y un 6% tienen un coste superior a 30.000 euros. El sector con menores costes burocráticos es el Comercio donde vemos un mayor número de empresas que se encuadran dentro de los tramos más “baratos” en cuanto a costes burocráticos. El sector más caro es el de la construcción e industria seguramente por el mayor número de permisos y licencias exigidos. Podemos ver que en el sector de la construcción un 21% de las empresas tienen costes derivados de la burocracia superiores a 30.000 euros lo que refleja la importancia de estos costes. Seguramente sea un sector donde el tamaño de las empresas sea más grande en comparación con el sector del comercio donde el entramado empresarial es más pequeño y por tanto con menores costes.

En la siguiente gráfica vemos la distribución de dichos costes por tamaños de empresas en función del número de trabajadores:

Como es lógico en las pequeñas empresas es donde se concentran los costes más baratos, así podemos ver que en empresas de 1 a 9 trabajadores más del 50% de las empresas los costes burocráticos son inferiores a 6.000 euros, aunque llama la atención que es en el tramo de 50 a 249 trabajadores donde se encuentran los mayores costes, mientras que las empresas de más de 250 trabajadores que, por su tamaño, deberían tener unos costes superiores, sin embargo tienen menores costes que las del tramo anterior, aunque podría afectar el mayor número de entidades que no ha contestado la encuesta.

Otra gráfica que aporta información curiosa es la que indica el porcentaje de empresas que consideran como diversos aspectos de la actuación administrativa afectan desfavorablemente a su actividad:

Este cuadro nos permite dos conclusiones interesantes:

• La primera que el sector industria y construcción son los más afectados por esas ineficiencias, quejándose de ellas, en ocasiones más del 75% de las empresas del sector.
  
• En segundo lugar, que lo que más afecta a las empresas es el exceso de regulación, la complejidad de procedimientos y las políticas de ayudas ineficaces y complejas. Es curioso que el que la Administración funcione mal les importa menos, lo que realmente les preocupa es el marco regulatorio en el que se encuentran.

Aprovechando la experiencia de nuestro entorno, la OCDE, en el año 2010, publicó un estudio de como mejorar la regulación en España: Better regulation in Europe: Spain 2010. En dicho informe se señalan como sugerencias:

• Simplificación de la regulación: Aunque se reconoce que desde el año 2000 se han realizado esfuerzos en este sentido se consideran insuficientes.Las dos principales dificultades que presenta España para alcanzar dicha simplificación son:

1. La costumbre de utilizar leyes que regulan un gran número de temas diferentes y no tenemos más que mirar atrás para ver una Ley de Economía Sostenible que recoge normas sobre materias completamente dispares.
2. Los constantes cambios sobre órgano competente para legislar, derivada de una inacabada y constante transferencia de competencias a las CCAA que incrementan exponencialmente la complejidad normativa. Sólo hay que pensar en la próxima campaña de IRPF y las deducciones autonómicas, que como tengamos un contribuyente de fuera de nuestra Comunidad a ver quien conoce sus deducciones autonómicas.

• Reducción de costes burocráticos a las empresas: desde el año 2007, el Estado español ha establecido un plan de acción cuyo objetivo es reducir los costes burocráticos en un 30% para el año 2012. La base para conseguir esta reducción de costes es a través principalmente de la administración electrónica, aspecto en el que desde la AEAT hemos avanzado mucho. El propio informe de la OCDE señala que el principal punto negativo en este aspecto es que no existe una integración completa entre todas las instituciones públicas, que van a distintas velocidades. Un ejemplo claro es que mientras hoy en día en la sede electrónica de la AEAT se puede presentar cualquier documento y si se quiere prácticamente no se tiene porqué acudir a una Administración de la Agencia, en el ámbito de la justicia sin embargo todavía no se pueden presentar los recursos, demandas o reclamaciones por internet.

• Es preciso un enfoque más transparente de cómo se elabora la regulación y además un enfoque más económico. Se echa en falta un mayor papel de la consulta pública así como problemas en la calidad de la información, ausencia de información de retorno y la realización de consultas que se realizan demasiado tarde y cuyas contestaciones no dan tiempo de respuesta. Un ejemplo reciente lo podemos ver en la denominada Ley Sinde: el presidente de la Academia del cine durante la semana antes de que se votara la norma en el Congreso todavía estaba reuniéndose con todas las partes para intentar mejorar la norma, realizándose propuestas y nuevas redacciones de los artículos que ambas partes consideraban interesantes. Es evidente que la elaboración de una norma requiere unos tiempos más sosegados y no el ir incluyendo clausulas de última hora poco reflexionadas.

He enunciado sólo alguna de las notas que señala la OCDE como ejemplo de las principales deficiencias de nuestro sistema. El Estado español en los últimos años ha intentado corregir esta situación y simplificar tanto la regulación como los costes administrativos y como consecuencia de ello es muy normal observar en cada ley que se aprueba alguna medida cuyo fin es simplificar los procedimientos administrativos. Así en el reciente Real Decreto Ley 13/2010, que se publicó a principios de diciembre, se contienen dos medidas destinadas específicamente a este fin.

La primera de ellas es la supresión del carácter obligatorio del recurso cameral permanente.

La segunda es la agilización de la constitución de sociedades. Según la exposición de motivos el objetivo es que todos los trámites necesarios para la constitución de sociedades de responsabilidad limitada puedan llevarse a cabo, con carácter general, en un plazo máximo de uno o cinco días, exceptuando sólo aquellos casos en que la elevada cuantía del capital o la complejidad de la estructura societaria exijan un examen más detallado. Esta medida es una reacción directa a un estudio del Banco Mundial donde se reflejaba que España era el país de la Unión Europea donde más se tardaba en crear una empresa con una media de 47 días, si bien la cifra se reducía a 21 días en el caso de sociedades nacionales y se incrementaba a 61 días en el caso de empresas extranjeras. La media entre los países de la OCDE con ingresos altos esta en 13 días. Además la ley, eximía de publicar en los periódicos determinados actos societarios, cuando fueran obligatorios, como la constitución o modificación de estatutos.

Por último, para finalizar, querría mostrar una última tabla de la Cámara de Comercio donde se indica que la valoración que dan las empresas a los distintos tipos de medidas para reducir costes burocráticos de las empresas.

Podemos observar, que las medidas que más importancia tienen son precisamente las que suponen un coste económico directo, como son reducir los plazos de pago para las AAPP y el recorte en las tasas a pagar. Tras estas medidas ya se encuentran otras que podríamos decir que son de burocracia pura: reducción normativa, formularios, evitar la duplicidad en la solicitud de información....